Oro en récord y Chile enfrenta paradoja: proyectos en carpeta, pero permisos que tardan años

Bordea los US$ 5.088 por onza, el doble que hace un año

El desafío no es la falta de recursos, sino la capacidad institucional para transformar este ciclo de precios en más producción antes de que la ventana se cierre, afirman expertos.

El precio del oro bordea los US$ 5.088,06 por onza, casi el doble que hace un año, cuando se ubicaba en US$ 2.900,82, según el Banco Central. El rally del oro obedece a tensiones geopolíticas, compras récord de bancos centrales y expectativas de tasas más bajas a nivel global. “Responde a factores como la inestabilidad geopolítica, la debilidad del dólar, la especulación y las expectativas de precios futuros”, dice Marcos Singer, académico de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica.

El fuerte repunte no tiene un correlato proporcional en la minería chilena. El cobre sigue siendo el principal determinante macroeconómico del sector —con una producción en 2025 de 5,4 millones de toneladas métricas, según Cochilco—, mientras que el oro mantiene un peso marginal en la matriz minera y su alza no se traduce automáticamente en un impacto agregado significativo.

Más que un shock macroeconómico inmediato, el actual rally instala una pregunta de fondo: ¿Cuenta el país con las condiciones estructurales para convertir este ciclo de precios en un impulso productivo sostenido, y no solo en una valorización coyuntural?

Seguro geológico y motor

En paralelo a este escenario de precios, en 2025, la producción nacional de oro alcanzó 45,4 toneladas de metal fino, un alza de 27,1% respecto de 2024, cuando se registraron 35,7 toneladas, de acuerdo con cifras de Cochilco. “Entre un 55% y 60% ha sido históricamente subproducto del cobre, pero nuevos proyectos podrían elevar la producción directa en hasta cerca de 60%, diversificando la matriz sin desplazar al cobre”, explica Cristián Cifuentes, líder sénior de Estudios de Cesco. El oro aparece así como complemento —no reemplazo— del metal rojo.

Con precios en máximos, proyectos antes marginales mejoran su viabilidad económica, incluyendo desarrollos de mayor complejidad operacional, óxidos de baja ley y expansiones brownfield. En Chile ya hay señales concretas: Kinross prepara el ingreso del EIA de Lobo Marte al SEIA; Fenix Gold, de Rio2, inició vertidos con metas entre 60.000 y 70.000 onzas en 2026, y operaciones como La Coipa o Minera Florida avanzan en optimizaciones.

Este dinamismo descansa en una base geológica relevante. Según Mauricio Lorca, director nacional (s) de Sernageomin, el potencial aurífero se concentra en las regiones de Atacama, Coquimbo y Antofagasta. La producción proviene principalmente de dos fuentes: pórfidos cobre-oro —que en 2024 aportaron en torno al 55% como subproducto de la gran minería del cobre— y yacimientos epitermales de alta sulfuración en la zona más elevada de la cordillera, en distritos como Maricunga o El Indio. Esta doble condición posiciona al oro como “seguro geológico” asociado al cobre y, a la vez, como motor propio de desarrollo.

Chile enfrenta el ciclo con una cartera técnicamente robusta, que incluye Fenix Gold, Lobo Marte y la continuidad de Salares Norte. Pero el desafío —advierte Lorca— no es la disponibilidad de recursos, sino la velocidad con que pueden convertirse en reservas explotables. “Las oportunidades más inmediatas están en expansiones brownfields —que se desarrollan sobre una operación existente—, mientras que los proyectos greenfields —que parten de cero— dependen críticamente de los plazos ambientales y sectoriales”, agrega.

Transformar este ciclo de precios en desarrollo exige tres condiciones estructurales: exploración sostenida y acceso a propiedad minera; capacidad efectiva de ejecución (ingeniería, proveedores, infraestructura y capital humano), y certeza institucional, con permisos y reglas predecibles. “El oro tiene lead times (periodo entre que se inicia un proceso y se termina) extensos y una oferta de respuesta gradual, por lo que capturar el ciclo requiere proyectos con permisos avanzados, acuerdos territoriales sólidos y diseños que internalicen restricciones hídricas, energéticas y de biodiversidad”, asegura Cristián Cifuentes.

Ahí aparece el principal cuello de botella. “Rutas de permisos extensas, criterios fragmentados y riesgo de judicialización elevan el costo de capital y dilatan cronogramas”, advierte el especialista de Cesco. En gran minería, la tramitación puede superar los 11 años y ha aumentado respecto de décadas previas, afectando competitividad y timing de inversión. El desafío es mejorar la eficiencia del Estado sin rebajar estándares, incluyendo ventanillas únicas operativas, coordinación intersectorial, participación temprana y decisiones técnicas trazables.

En la misma línea, Patricio Pinto, director de Asuntos Externos de Kinross, enfatiza que “convertir proyectos en inversiones estratégicas exige planificación de largo plazo, gestión responsable y generación de valor en los territorios. El precio es un incentivo, no una garantía” (ver columna). Hace una década —añade—, un proyecto podía evaluarse en alrededor de 18 meses, incluida la consulta indígena; hoy, esos procesos pueden extenderse por años.

Foco no es flexibilizar exigencias

Desde el Ministerio de Minería sostienen que existe consenso en viabilizar proyectos mediante reglas claras. La Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales y otras iniciativas buscan modernizar el sistema de permisos para hacerlo más eficiente y predecible, especialmente en proyectos auríferos medianos. El foco —subrayan— no es flexibilizar exigencias, sino fortalecer la institucionalidad.

Incorporado en la Estrategia Nacional de Minerales Críticos, el oro es parte de la estrategia de diversificación minera del país. Con precios en máximos, la oportunidad está abierta. “Para que Chile aproveche plenamente este rally del oro y no se limite a un efecto transitorio en ingresos, resulta clave agilizar la inversión en producción minera, actualmente limitada por la ‘permisología’”, concluye Marcos Singer.