Judicialización de proyectos: Cesco alerta por el costo que la incertidumbre puede imponer a la inversión minera

Cristián Cifuentes, Líder Senior de Estudios y Contenidos del Centro de Estudios del Cobre y la Minería, advierte que la prolongación de controversias después de la evaluación ambiental se está transformando en un factor de riesgo para nuevos proyectos. Según estimaciones de Cesco, cada año de dilación de la cartera minera considerada podría significar hasta US$16.560 millones de inversión y actividad económica que dejan de generarse durante ese periodo.

Durante los últimos años, buena parte de la discusión sobre las dificultades para concretar inversiones en Chile se ha concentrado en la denominada “permisología”: la cantidad de autorizaciones que requieren los proyectos, la coordinación entre organismos públicos y los plazos que toma completar su tramitación. Sin embargo, una vez superada la evaluación ambiental aparece otro factor que comienza a adquirir creciente relevancia: la judicialización de proyectos que ya han obtenido una decisión de la autoridad y que, antes de iniciar su construcción o avanzar en su ejecución, pueden enfrentar nuevos periodos de incertidumbre producto de reclamaciones administrativas y judiciales.

Los datos muestran que la presión sobre el sistema ha aumentado. Durante el primer semestre de 2026, los Tribunales Ambientales registraron 32 reclamaciones declaradas admisibles, la mayor cifra para un semestre desde el inicio de sus operaciones. Actualmente mantienen 67 causas en tramitación, vinculadas a 59 proyectos de inversión por US$10.655 millones, de acuerdo con el monitoreo elaborado por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

Un análisis de Sofofa, en tanto, estima que los proyectos pueden permanecer en promedio cerca de un año y medio en los Tribunales Ambientales. Desde 2013 se han identificado 244 proyectos judicializados, equivalentes a cerca de un 2,5% de las iniciativas ingresadas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental durante ese periodo.

En ese contexto, parte relevante del problema ya no está solamente en si un proyecto obtiene o no su Resolución de Calificación Ambiental, sino también en cuánto tiempo transcurre hasta que esa decisión adquiere suficiente estabilidad para permitir que la inversión avance.

Impacto sobre las inversiones mineras

Para la minería, el tema cobra especial relevancia por el momento que atraviesa el mercado del cobre y por el volumen de inversiones que Chile espera desarrollar durante los próximos años. Con precios del metal en niveles históricamente elevados (en torno a US$6/lb) y una cartera de inversiones mineras de Cochilco para 2025-2034 que supera los US$104.000 millones, la capacidad de materializar nuevos proyectos se convierte en un factor determinante para que el país pueda aprovechar ese escenario.

Cristián Cifuentes, Líder Senior de Estudios y Contenidos del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco), sostiene que la discusión debe mirar con especial atención lo que ocurre después de la evaluación ambiental.

“El principal cuello de botella no se encuentra en la fase de evaluación técnica ante el Servicio de Evaluación Ambiental, sino en las impugnaciones judiciales que surgen tras la obtención de la RCA”, afirma.

Para dimensionar económicamente ese riesgo, Cesco analizó una cartera minera de algo más de US$46.000 millones, correspondiente a proyectos con RCA aprobada o en calificación y proyectados para desarrollarse durante los próximos cinco años.

La cifra requiere una precisión importante: esos US$46 mil millones no corresponden a proyectos que se encuentren actualmente judicializados. Se trata del universo de inversión utilizado por Cesco para estimar cuánto está en juego si la incertidumbre regulatoria y eventuales procesos posteriores terminan retrasando la materialización de esa cartera.

Según Cifuentes, los proyectos considerados representan una capacidad productiva asociada de entre 1,9 y 2,6 millones de toneladas anuales de cobre. No significa que ese volumen se esté perdiendo hoy, sino que corresponde a producción que podría incorporarse a la capacidad minera del país si las iniciativas avanzan en los plazos previstos.

Desde esa misma lógica surge la estimación económica planteada por Cesco. Los aproximadamente US$46.000 millones de inversión considerados para los próximos cinco años implicarían un ritmo de ejecución promedio cercano a US$9.200 millones anuales. De acuerdo con el cálculo utilizado por el centro, esa inversión generaría además unos US$7.360 millones de actividad indirecta en el resto de la economía.

En consecuencia, un año de dilación de esa cartera podría representar alrededor de US$16.560 millones de inversión directa y actividad económica asociada que no se generan durante ese periodo.

“Con un poco más de US$46.000 millones ya evaluados ambientalmente en juego, el costo de la incerteza deja de ser hipótesis para volverse una magnitud medible”, plantea Cifuentes.

A su juicio, las demoras también pueden tener efectos sobre la capacidad de aprovechar los ciclos favorables del cobre. Una tonelada cuya producción se posterga no necesariamente encontrará más adelante las mismas condiciones de mercado y, con ello, también pueden diferirse o perderse ingresos fiscales asociados a períodos de precios particularmente elevados.

Cifuentes advierte, además, que la incertidumbre está influyendo en el tipo de inversiones que las compañías están dispuestas a impulsar. En ese escenario, explica, los recursos tienden a concentrarse en proyectos brownfield, es decir, ampliaciones, reposiciones o desarrollos vinculados a operaciones existentes, donde parte importante de la infraestructura y de las condiciones necesarias para invertir ya están presentes.

En cambio, los proyectos greenfield, que suponen desarrollar nuevas operaciones desde cero, enfrentan mayores niveles de incertidumbre y, por lo tanto, mayores dificultades para avanzar.

Sin disminuir estándares ambientales

Para el especialista de Cesco, el problema no puede reducirse simplemente a acelerar los tribunales ni a restringir las posibilidades de reclamar.

Cifuentes identifica dificultades anteriores, entre ellas la dispersión de instancias de impugnación y la falta de definiciones suficientemente claras y tempranas respecto de materias que posteriormente se transforman en focos de controversia, como determinadas exigencias ambientales o los procesos de consulta indígena.

Cuando esas materias no quedan resueltas de manera sólida durante las etapas previas, sostiene, el conflicto termina trasladándose a instancias administrativas o judiciales.

A ello agrega la necesidad de mejorar los mecanismos de participación temprana de las comunidades. “Sin participación con incidencia real ni distribución visible de beneficios, el tribunal es el único espacio donde la comunidad tiene poder efectivo”, afirma.

Desde esa perspectiva, reducir la judicialización no pasaría por disminuir los estándares ambientales, sino por construir decisiones administrativas más claras, técnicamente robustas y capaces de resistir posteriormente el escrutinio de los tribunales.

“Un estándar exigente pero definido ex ante es más rápido y más protector que uno difuso resuelto ex post en tribunales”, sostiene Cifuentes.

La incertidumbre puede incluso producir, advierte, un efecto contrario al que se busca desde el punto de vista ambiental: frente al riesgo de que nuevos compromisos se conviertan posteriormente en variables adicionales de litigación, las compañías podrían optar por reducir los compromisos ambientales voluntarios que van más allá de las exigencias estrictamente obligatorias.

Propuestas

Frente a este escenario, Cesco plantea una serie de prioridades institucionales. Entre ellas, concentrar las revisiones especializadas en los Tribunales Ambientales y evitar instancias intermedias que prolonguen los procesos sin entregar un cierre definitivo; fortalecer las capacidades técnicas y la coordinación de los servicios que participan de la evaluación; y evitar mecanismos que aceleren formalmente la entrega de permisos pero produzcan autorizaciones débiles y posteriormente vulnerables a ser anuladas.

También considera necesario acelerar las propias discusiones regulatorias, ya que períodos prolongados de indefinición normativa pueden postergar decisiones de inversión incluso antes de que los proyectos ingresen formalmente a tramitación.

Para Cifuentes, el desafío consiste en compatibilizar dos objetivos que no deberían entenderse como contrapuestos: mantener altos estándares socioambientales y, al mismo tiempo, entregar decisiones previsibles dentro de plazos razonables.

“Lo que la minería necesita no es un sistema más laxo, sino estabilidad en permisos. Certeza no es desregulación: es la capacidad del sistema de producir decisiones sólidas que resistan el tiempo y el escrutinio judicial”, concluye Cifuentes.

Fuente: El Periodista.