Inteligencia territorial: La nueva etapa cero de la minería

Levantamiento y cruce de datos

Especialistas, autoridades y la propia industria coinciden en que conocer cada zona antes de diseñar un proyecto puede ayudar a reducir riesgos, conflictos y retrasos. La tendencia impulsa nuevas formas de integrar información ambiental y social desde las primeras etapas.

Para la minería, conocer el subsuelo ya no basta. Si bien la industria ha levantado información territorial por años, según expertos del sector, ese conocimiento se ha utilizado principalmente para responder a exigencias regulatorias, más que como un insumo para diseñar los proyectos.

El cambio está en llevar ese conocimiento a la etapa cero y usar los datos ambientales, sociales, patrimoniales y normativos para determinar antes el emplazamiento, trazado y diseño de un proyecto.

“La información territorial ya no puede levantarse solo para cumplir; debe levantarse para decidir”, dice Andrea Lobos, abogada y fundadora de Andes DataTec, consultora especializada en levantamiento de datos para proyectos de inversión.

El diagnóstico surge desde la propia industria. En el documento “Propuesta de políticas públicas para una minería competitiva y responsable” (2025), el Consejo Minero sostiene que desarrollar la cartera de inversiones exige una mayor certeza sobre el ordenamiento territorial, mejores relaciones con las comunidades y una institucionalidad capaz de equilibrar las dimensiones productiva, social y ambiental.

“La experiencia muestra que una preparación temprana, con información ambiental, social y territorial integrada desde el inicio, permite anticipar riesgos, mejorar el relacionamiento con las comunidades y evitar que dificultades abordables terminen generando retrasos o judicialización”, afirma Cristián Cifuentes, líder sénior de Estudios y Contenidos de Cesco.

Según un estudio realizado por el think tank en 2023, que analizó 80 proyectos desarrollados entre 2006 y 2022, las iniciativas de gran minería se concretaron en promedio 4,3 años más tarde de lo previsto y tuvieron sobrecostos de 65%. Y aunque la investigación no aisló el efecto de los conflictos territoriales o la judicialización, diversos analistas coinciden en que estos pueden sumar nuevas capas de incertidumbre al desarrollo de negocios.

Ejemplos de lo anterior serían el proyecto minero Prospecciones Aida, en Antofagasta, y el desarrollo de una desaladora de Collahuasi en la Región de Tarapacá, inversiones que en los últimos meses han enfrentado acciones judiciales que modificaron el curso de su tramitación o ejecución. Aunque se trata de casos distintos —señalan en la industria—, ambos reflejan cómo distintas interpretaciones sobre el territorio pueden terminar trasladándose a los tribunales e impactando el desarrollo de iniciativas de inversión.

Del dato a la decisión

Para los especialistas, el reto está en cómo integrar desde el inicio información geológica, hídrica, ambiental, social y patrimonial para comprender las restricciones y oportunidades que presenta cada territorio antes de definir una iniciativa.

“Ningún proyecto se desarrolla sobre un espacio vacío, sino sobre un territorio donde convergen condiciones geológicas, disponibilidad hídrica, ecosistemas, asentamientos humanos, patrimonio, infraestructura, actividades productivas, instrumentos de planificación y distintos niveles de riesgo”, subraya Hugo Neira, jefe del Subdepartamento de Analítica Territorial de Sernageomin. Y asegura: “Considerar estos elementos desde el minuto cero contribuye a prevenir errores de emplazamiento, sobrecostos, conflictos territoriales, retrasos en la tramitación y eventuales judicializaciones”.

La forma de evitar eventuales perjuicios “imprevistos” —apuntan—, la solución está en la interoperabilidad de los datos, estrategia que permite detectar antes incompatibilidades, riesgos y restricciones que pueden afectar la localización, el diseño o la viabilidad de una iniciativa.

“El desafío actual ya no es únicamente producir más información, sino lograr que los datos de distintas instituciones puedan integrarse, interoperar y transformarse en conocimiento accesible para quienes deben decidir”, agrega Neira.

Un marco para ordenar los datos

Para enfrentar la fragmentación de la información territorial, el Ministerio de Bienes Nacionales lanzó recientemente la Política Nacional de Gestión de la Información Territorial-Geoespacial, iniciativa que busca que los organismos públicos generen, administren y compartan datos bajo estándares comunes, con mayor interoperabilidad y coordinación, de manera que puedan utilizarse con mayor facilidad en la planificación y la toma de decisiones.

“Con esta política, estos datos estarán ordenados y estandarizados de manera tal que se facilite su acceso y su uso sea realmente útil para la toma de decisiones”, señaló la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot.

En paralelo, han comenzado a desarrollarse plataformas que reúnen información pública antes dispersa para convertirla en herramientas que luego son utilizadas en etapas iniciales de un proyecto. Un ejemplo de lo anterior es Gisland, aplicación digital que permite cargar y cruzar dibujos o polígonos de una iniciativa sobre un mapa con 180 capas de datos geoespaciales, incluyendo áreas protegidas, humedales, sitios arqueológicos, territorios indígenas, infraestructura, instrumentos de planificación y riesgos naturales, con el fin de identificar las variables presentes en una zona, acceder a las fuentes originales y generar reportes de apoyo para la evaluación inicial.

“Lo que queremos es ser una etapa cero antes de un proyecto, para que se tenga toda la información disponible al momento de evaluar un territorio”, explica Miguel Guerrero, cofundador y encargado de tecnología de Gisland.

Pero admite que si bien la plataforma funciona como un punto de partida para orientar la debida diligencia territorial, no es un sustituto de las evaluaciones técnicas, ambientales o sociales que cada proyecto exige.

“Nosotros no vamos a decir si hacer o no hacer un proyecto, sino que las personas tengan toda la información disponible a la hora de evaluar un territorio”, agrega Guerrero.

El ejecutivo sostiene que la utilidad de este tipo de plataformas depende de la calidad, actualización y compatibilidad de la información pública. Esto, porque la tecnología puede orientar dónde profundizar, pero no transformar por sí sola los datos en un conocimiento acabado de un lugar.

Al respecto, Andrea Lobos explica que “el territorio no es el escenario donde el proyecto se ejecuta; es una variable de su diseño. La recomendación es tratar el conocimiento del territorio con la misma disciplina con que la minería trata el conocimiento del subsuelo: como una inversión temprana, no como un trámite”.

Conocer las características de un territorio antes de definir un proyecto es una tendencia que gana espacio en la planificación minera. La ilustración muestra cómo una aplicación digital permite cruzar esta información para conocer las distintas variables sociales o ambientales de un área.

Fuente: El Mercurio.