El principal freno para nuevos proyectos está en el entorno regulatorio e institucional

Agilizar permisos, estandarizar criterios y fomentar la participación temprana son claves para mantener la competitividad y responder a la creciente demanda global de minerales.

En 2024, Chile produjo 5,5 millones de toneladas de cobre y 261 mil toneladas de litio, ocupando el primer y segundo lugar, respectivamente, en el ranking de producción mundial. Pero también lidera en otros minerales: hierro, molibdeno, plata, renio, yodo, nitratos y, en menor medida, oro.

Las proyecciones indican que en las próximas tres décadas habrá un aumento en la demanda de cobre, algo que ya viene ocurriendo. Por lo tanto, el gran desafío para enfrentar ese escenario es la oferta y la complejidad de desarrollar nuevos proyectos. Así lo explica el director ejecutivo de CESCO, Jorge Catallopts, quien sostiene que las proyecciones que ha hecho la Agencia de Energía Internacional sobre el consumo de cobre ha alertado que no va a haber ningún país que, por sí solo, sea capaz de cerrar esa brecha de producción. “Se necesita que haya minería en varios países, pero obviamente tenemos que tener más minería en Chile. Están dadas las condiciones, pero sin duda, tenemos que trabajar en nuestra institucionalidad para que los permisos salgan de manera mucho más eficiente, con la solidez y confianza para todos los actores”, dice.

De acuerdo con el Observatorio de Tramitación y Evaluación de Inversiones de la Universidad de Chile, entre 2006 y la actualidad los proyectos presentados al SEIA disminuyeron un 68% (de 1.536 a 491), mientras que los tiempos de tramitación se incrementaron de 114 a 430 días. En ese sentido, el gerente de estudios de Sonami, Reinaldo Salazar, coincide en que el desafío hoy es mantener ese liderazgo modernizando el marco normativo.

“El sistema de permisos y evaluaciones sigue siendo extenso y fragmentado, lo que alarga plazos críticos. Para proyectos de gran minería la ruta de permisos puede superar los 11 años, y en mediana minería bordea los seis años. La oposición local escala por falta de participación temprana y de espacios de resolución oportuna. La incertidumbre política añade capas de riesgo sobre decisiones de inversión de largo plazo. Este entorno erosiona la competitividad, encarece el desarrollo de nuevos proyectos y frena inversión, empleo y dinamismo en los territorios mineros”, indica.

En esa línea, Sonami ha propuesto, más allá de mejorar los plazos en la revisión, una especie de fast track para proyectos mineros que ya se encuentran operando, especialmente en obras de expansión, para que no tengan que entrar por el mismo proceso.

¿Y la mediana y pequeña minería?

En la mediana minería existen varios cuellos de botella para el desarrollo de nuevos proyectos. En primer lugar, no existe una definición unificada de lo que es la mediana minería, por lo que se utilizan criterios distintos, generando confusión y dificultad para evaluar e impulsar iniciativas. También, como se trata de yacimientos de vida útil limitada, se reduce la atracción de financiamiento. Sobre eso, Reinaldo Salazar agrega un elemento clave: por la menor duración de sus planes mineros, “se debe reingresar al sistema ambiental más seguido, con costos y tiempos que afectan la caja y la programación de obras”.

Asimismo, en la pequeña minería, el problema central no está en permisos, sino en el régimen de patentes mineras: “Su carga y escalamiento terminan asfixiando posibles proyectos que pueden generar empleo local y encadenamientos productivos”, explica el ejecutivo de Sonami.

Proyectos en tribunales

Pascua Lama, Mina Invierno, El Morro y Dominga, son cuatro ejemplos emblemáticos de proyectos que han sido judicializados. Los litigios en tribunales son otros de los desafíos que han tenido un efecto claro en el menor dinamismo de la cartera de proyectos, ya que los procesos judiciales introducen una incertidumbre adicional, extienden los horizontes de ejecución y elevan los costos financieros.

“Cuando los conflictos se resuelven de manera tardía y en sede judicial, el riesgo para la inversión deja de ser técnico o geológico y pasa a ser institucional. La respuesta está en la participación temprana, criterios estandarizados, ventanas acotadas y mecanismos administrativos eficaces y predecibles que eviten que las discrepancias terminen en litigios prolongados”, finaliza Reinaldo Salazar, de la Sonami.

Fuente: Diario Financiero