La gobernanza comunitaria se instala en la agenda de la minería verde

La discusión sobre minería verde en Chile comenzó centrada en eficiencia hídrica y energética, pero en los últimos años ha incorporado un componente que está reconfigurando la relación entre proyectos y territorios: la cocreación con comunidades. Desde consultas indígenas en procesos de litio hasta iniciativas privadas que ajustan su ingeniería a observaciones locales, distintos actores coinciden en que la gobernanza comunitaria se vuelve clave para la viabilidad de nuevas inversiones.

Para el analista senior de CESCO, Cristián Cifuentes, el cambio está en marcha, aunque con brechas. “Ya no basta con tener buena huella ambiental corporativa; se espera una lógica de valor compartido, con voz temprana y espacios reales de incidencia”, señala. Aun así, advierte barreras regulatorias —en especial en participación temprana—, culturales y de capacidades en empresas y comunidades, además de asimetrías de información que dificultan procesos genuinos.

En terreno, algunos proyectos ya muestran cambios. Dominga, de Andes Iron, inició su diálogo antes del estudio de impacto ambiental, incorporando observaciones comunitarias en definiciones críticas.

“Gracias a ese proceso se redefinió la ubicación del depósito de relaves, se optó por relaves espesados y decidimos usar 100% agua de mar desalinizada, lo que permitirá compartir agua con la comuna”, explica el gerente de asuntos corporativos y desarrollo sostenible de la compañía, Francisco Villalón. La empresa estableció un acuerdo marco con la Asociación Comunal de La Higuera, con compromisos verificables en empleo local, biodiversidad, proveedores y formación, además de monitoreo del uso de agua.

Desde el Estado, buscan que la participación deje de ser un requisito tardío. “En los nuevos proyectos de litio hemos promovido comités de gobernanza donde comunidades indígenas y titulares definen una relación permanente, con monitoreos participativos e identificación conjunta de impactos”, afirma el jefe de la División de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Minería, Claudio Bustamante.

El debate se concentra ahora en si esta gobernanza participativa pasará a ser una condición para la licencia social. Cifuentes apunta a que los estándares internacionales avanzan en esa dirección, con exigencias de trazabilidad social comparables a las ambientales. “La licencia social dejó de ser algo implícito: hoy los territorios esperan beneficios claros y de largo plazo en empleo, encadenamientos productivos, infraestructura y calidad ambiental”, concluye.