Entrevista a Jorge Cantallopts en Minería Chilena

“Creemos firmemente que lo esencial está en acortar tiempos y reducir incertidumbres administrativas que desincentiven la inversión”, afirma el director ejecutivo del Centro de Estudios del Cobre.

En las últimas dos décadas, se ha observado un estancamiento de la producción cuprífera chilena. Dentro de lo que respecta a los últimos años y, particularmente en los meses recientes, varios expertos consideran que los tiempos de aprobación de permisos han sido uno de los factores que han ralentizado las opciones de que la minería nacional recupere su posicionamiento.

En este contexto el director ejecutivo de Cesco, Jorge Cantallopts, ha manifestado que se hace necesario trabajar en una mejora para la tramitación de permisos.

¿Qué significa e implica la permisología?
En primer lugar, debo afirmar que tiendo a decir que coincido con la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en cuanto a que la palabra permisología, aunque muchos la usemos, no sé si sea apropiada porque tiende a simplificar un problema que se ha vuelto muy complejo y con soluciones de distinta naturaleza.

Lo positivo es que más allá de la palabra, hay por fin un consenso de representantes de la industria, ex personeros y autoridades actuales de gobierno, sobre la necesidad de agilizar los procesos. Por ejemplo, los permisos para grandes proyectos mineros están demorando casi 10 años, lo que calificó como un hecho “demencial” el propio Presidente Gabriel Boric, quien además sostuvo que nuestro sistema de permisos en Chile resulta “incoherente e irracional”.

Estas declaraciones dan cuenta que la demora en la tramitación de los permisos para implementar proyectos está afectando gravemente el desarrollo minero. Desde el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco) en un informe publicado este año evidenciamos que tanto por procesos de permisos como otros desafíos de ingeniería, los proyectos de inversión de la Gran Minería están tardando 4,3 años más de lo previsto en concretarse, y con un aumento de costos de 65%. DF, por su parte, reveló que 10 proyectos de inversión por US$1.500 millones están frenados por los múltiples trámites y burocracia que implica el Comité de Ministros, lo que afectaría negativamente en la competitividad del sector minero chileno y en una posible disminución del 40% en la inversión para 2024.

¿Qué consecuencias podría traer este panorama?
Este retraso está impactando en la capacidad de concretar nuevos proyectos, lo que llevaría a que la industria prolongue un estancamiento que lleva ya varios años, extendiéndose hacia la economía del país. Las compañías mineras, por su parte, también podrían buscar estrategias de crecimiento diferentes, dentro de las que está la búsqueda de nuevos distritos mineros, situación que le daría un golpe importante a los países con mayor tradición minera, como Chile.

Este tema precisamente fue parte importante de la agenda en la última edición de la Asia Copper Week, evento organizado por Cesco y la Asociación de Industria No Ferrosa de China (CNIA), cuyo tema central fue la dificultad que ha tenido la industria minera para concretar el enorme potencial que representa la llamada transición energética, lo que tiene directa relación con la demora en los procesos de obtención de permisos.

“No se trata de tener sistemas menos exigentes”

¿Qué postura tienen en Cesco?
En Cesco hemos levantado la voz para dar a conocer este problema y encontrar soluciones en conjunto. Por eso, valoramos mucho que el propio Presidente de la República haya hecho esta dura crítica a la eficiencia de nuestro sistema de permisos y haya asumido públicamente responsabilidades al respecto.

También destacamos los recientes anuncios en esta materia, como el pronto ingreso al Congreso de la reforma a la ley 19.300 a cargo del Ministerio de Medio Ambiente, la cual tiene por objetivo hacer más eficiente el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

La novedad de esta iniciativa es que se propone eliminar el Comité de Ministros y las Comisiones de Evaluación Ambiental, con el propósito de disminuir el componente político en la tramitación de los proyectos de inversión y fortalecer el carácter técnico en la calificación de los mismos. Junto con ello, se busca ampliar la participación ciudadana y sumar un procedimiento voluntario de diálogo temprano de titulares con comunidades.

¿Ven soluciones o alternativas viables para enfrentar este problema?
Estas apuestas y medidas anteriormente mencionadas ya representan un paso importante para ir optimizando los procesos y modernizar la institucionalidad, ya que se busca la existencia de reglas claras para la relación entre las comunidades y las empresas a fin de evitar conflictos socioambientales que generan problemas a nivel comunitario y, cuando se judicializan, retrasan la tramitación de los proyectos.

En Cesco somos tajantes en decir que esto no se trata de tener sistemas menos exigentes. Creemos firmemente que lo esencial está en acortar tiempos y reducir incertidumbres administrativas que desincentiven la inversión, ya que la obtención de los permisos debe asegurar el cumplimiento de los mayores estándares sociales y ambientales, pero tanto en tiempo como en forma.

“Debemos tener un sentido de urgencia”

¿Qué proponen desde Cesco?
Desde Cesco hacemos un llamado para aunar esfuerzos y trabajar en conjunto, enfocados específicamente en solucionar los cuellos de botella, mejoramiento y reforzamiento de algunas instituciones, enfocar esfuerzos en aquellos procesos que si crean valor social y ambiental pero eliminar burocracia improductiva.

Seguimos contando con las mayores reservas de cobre del mundo, lo mismo con el litio, lo que nos posiciona en una posición de privilegio pero a la vez de responsabilidad, para lo que se viene en la urgente transición energética.

¿Qué mensaje quisiera dar finalmente?
Debemos tener un sentido de urgencia tanto desde la responsabilidad de abastecedores de materias primas como en mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestro país. Perfeccionar los procedimientos es la mejor inversión que puede hacer hoy nuestro país para generar un nuevo impulso a la minería que es aún el principal motor de crecimiento económico y transformación social de nuestro país, y lo seguirá siendo al menos en las siguientes décadas.

Pongamos en marcha la significativa cartera de proyectos mineros con que cuenta nuestro país en torno a los US$70 mil millones. Transformemos a la “permisología inteligente” en la gran ventaja competitiva de nuestro país frente a otros distritos mineros del mundo.