En los últimos dos meses hemos participado de una interesante exposición de argumentos a favor y en contra de un nuevo royalty a la minería chilena al alero de la Comisión de Minería y Energía del Senado de Chile, y hemos presenciado con ocasión de ello un debate sobre la minería más amplio que solo el royalty.

Quisiera referirme a dos temas que aparecieron de manera reiterada en la discusión.

El primero es la idea de que la ruta al desarrollo implica agregar valor a nuestras materias primas de manera de salir del “extractivismo”.

Concuerdo con la noción de complejidad económica de César Hidalgo que sostiene que los encadenamientos productivos más valiosos van hacia atrás en la cadena de valor y no hacia adelante. Debemos examinar las consecuencias de la estructura de nuestra industria, y posiblemente atender la necesidad de una infraestructura de fundición y refinación local que nos permita ser parte de una economía circular y más verde. Pero en Chile no necesariamente debemos producir alambrón: debemos concentrar nuestros esfuerzos en soluciones tecnológicas para la minería de las próximas tres décadas y por supuesto que también en aquellas soluciones para una actividad más sustentable, asociadas a las energías renovables no convencionales, la electromovilidad de equipos en faenas, las soluciones basadas en la naturaleza y aplicar nociones de economía circular para los deshechos que produce la minería, sólo por mencionar algunos ejemplos. El tamaño y escala de estos desafíos nos dan una ventaja competitiva y un mercado para que seamos efectivos al agregar valor a nuestra actividad.

El segundo punto al que me quiero referir es al de la legitimidad social de la minería y cómo un nuevo royalty contribuiría a mejorarla.

Pienso que un buen régimen tributario permite dar estabilidad a un sector que mucho la necesita. Y que mayores niveles de transparencia y accesibilidad a la cantidad de información que el sector produce van en esa dirección.

Sin embargo, no todo es responsabilidad de los mineros. El Estado chileno también es responsable de la legitimidad social de su principal actividad económica.

Por estos días se lanzó la Política Minera 2050, una política de Estado que tiene un fuerte acento en la sostenibilidad económica, ambiental y social del sector y que compromete no solo a las compañías mineras, sino que al Estado de Chile. En la misma línea, próximamente presentaremos una propuesta que va en igual dirección que la política antes mencionada, para transformar a Chile en una potencia en minería verde. Ahí se devela la necesidad de financiar algunas de las metas por parte no sólo del sector privado, sino que del sector público también.

Economías mineras como Australia, Canadá, Suecia o Finlandia han comprometido billones de dólares en políticas para el desarrollo de una minería verde y de mayor contenido local. Por ejemplo, el gobierno canadiense destinó CA$3.000 millones para acelerar rápidamente los proyectos de descarbonización con grandes emisores, ampliar las tecnologías limpias y acelerar la transformación industrial de Canadá en todos los sectores. Australia a su vez, comprometió un fondo de AU$10.000 millones para financiamiento verde y otro de AU$1.300 millones para el escalamiento, internacionalización, transferencia tecnológica y vinculación de los proveedores con industrias estratégicas que incluyen a la minería.

Siento que Chile no va en esa dirección, sino que más bien se han restado recursos para estos fines.

Por otro lado, en las regiones mineras donde urgen mecanismos de coordinación para el desarrollo de infraestructura compartida de agua, los que no puede darse sólo entre privados. También una gestión Integrada de cuencas, que incluya instancias de participación y recursos de medición, gestión y transparencia de información. Debemos avanzar hacia una gobernanza que permita el abastecimiento de las operaciones mineras en equilibrio con el consumo humano.. En este ámbito es clave establecer los incentivos y la protección de derechos necesarios para promover la desalación y el uso eficiente del recurso. Al respecto, la minería puede ser un gran aliado del Estado en zonas de estrés hídrico si la regulación es la correcta. Imaginamos a Chile, apoyado en su minería, innovando en alianzas público privadas que enfrenten una de las amenazas más sensibles para la ciudadanía cual es el agua como un bien esencial para la vida humana y el funcionamiento de los ecosistemas.

Asimismo, la adaptación al cambio climático en operaciones mineras es necesaria para hacer frente a sus efectos y para aumentar la resiliencia futura. Asimismo, dado que muchas de las consecuencias físicas agudas del cambio climático afectan a regiones vulnerables, la industria minera y metalúrgica tiene la posibilidad de ayudar a las comunidades anfitrionas a adaptarse a los nuevos escenarios. La minería puede ser un socio de Chile para desarrollar y reforzar el registro de información meteorológica y potenciales impactos, apoyando en el estudio de escenarios climáticos en las regiones mineras.

En un paisaje como el descrito, no me cabe duda de que la legitimidad social de nuestra principal actividad económica será mayor.