Ha sido una buena noticia para el sector minero, y para el país, los altos precios que ha registrado el cobre en las últimas semanas. Situación que, según los analistas, debería mantenerse en el mediano plazo.  También hay que destacar que la industria ha sido muy eficiente para responder a la emergencia del coronavirus, manteniendo la producción y los altos estándares de salud y seguridad para sus trabajadores.

Y si bien la evolución del precio del cobre ha beneficiado al sector, el estallido social que experimentó el país en octubre de 2019, con todos sus efectos sociales, económicos y políticos, incluyendo la redacción de una nueva constitución, constituye un fuerte desafío, cuya resolución puede marcar el rumbo del dinamismo futuro de la minería.

Ahora bien, reconociendo factores propios del país, los macro desafíos que enfrenta la actividad son muy parecidos en todo el mundo. La marca “minería” no goza de buena reputación por su imagen de industria contaminante, conservadora y reactiva a los cambios, especialmente entre la población más joven. Sus impactos en el territorio, especialmente de las minas a rajo abierto, los tranques de relave, el impacto en glaciares, el uso de agua en zonas desérticas, el calentamiento global por uso intensivo de combustibles fósiles, una interacción con los ecosistemas sociales y productivos, y la baja valoración de identidades y culturas originarias.

En definitiva, las compañías mineras aparecían como empresas muy cerradas a la comunidad, conservadoras en lo tecnológico y con mucha dificultad para asumir los cambios que la sociedad a nivel global está demandando. El supuesto histórico, todavía muy presente, de que su solo accionar les otorgaba la legitimidad y licencia para operar, ya no es suficiente.

Afortunadamente en el último tiempo se han venido observando cambios en la manera de enfrentar el negocio. No basta con decir que la minería es clave para mantener la civilización actual, lo que es cierto y reconocido por muchos. El tema está en que hay distintas maneras de cumplir con dicho objetivo, lo que supone por cierto esfuerzos, inversiones y desarrollos tecnológicos. Básicamente la minería debe ser parte y no espectador de la solución en los problemas más globales de la cadena completa, desde la mina hasta el consumidor. En definitiva, entender que el negocio no termina a la salida de la mina y que las empresas consumidoras, cada vez más empoderadas, exigen información confiable acerca de la calidad y de las condiciones en que fue producido el metal respectivo.

En el caso chileno, opera sin duda la misma brecha entre la autopercepción de las empresas mineras, “lo hacemos todo bien y no nos dejan trabajar”, con la percepción de sectores importantes de la población que se oponen con fuerza a la minería por sus “negativos impactos”.  Y lo que está claro es que, en el caso de Chile, la minería es imprescindible no solo por los productos que consumimos, sino por el cobre que exportamos.

Sabemos que la actividad minera de por sí genera impactos en el territorio, pero también sabemos que muchos de ellos pueden ser minimizados, con una huella más amigable con el medio ambiente, utilizando nuevas tecnologías y con una gestión territorial y social abierta y transparente.

El tema de los glaciares constituye un buen test al respecto. Más allá de un proceso natural de calentamiento global que provoca su derretimiento, es evidente que la minería ha acelerado dicho proceso, entendiendo que hasta hace muy poco tiempo, no había regulaciones ni conciencia al respecto. Nadie discute que tiene que haber una normativa al respecto, entendiendo el carácter dinámico de dichos cuerpos. Sin duda que hay situaciones muy claras en los que una protección legal se justifica plenamente, y probablemente habrá situaciones que requerirán de una mayor flexibilidad, asociado a negociaciones caso a caso, entre el ente ambiental y la empresa respectiva.

Un último tema que vemos relevante tiene que ver con el futuro de Codelco. Su carácter de empresa pública hace que no siempre quede muy claro qué espera de ella su dueño, afectando su capacidad para tomar medidas oportunas y más estructurales para adaptarse a los cambios de su entorno. La profunda transición productiva que atraviesa Codelco en todos sus yacimientos, supone un esfuerzo gigantesco de inversión y de gestión, en un contexto de restricción financiera, y con el desafío de generar excedentes. Además de estos desafíos específicos, enfrenta todas las exigencias de las grandes mineras en materia de sustentabilidad, transparencia y aportes a los ecosistemas sociales y productivos.

Más allá de los esfuerzos de la administración para bajar los costos y mejorar la productividad, es imprescindible un rayado de cancha del dueño más claro, focalizado y que permanezca en el tiempo, de tal manera de evitar bandazos y que la rentabilidad tenga relación con los activos mineros disponibles y que se pueda comparar con sus pares.

En resumen, la minería en Chile  debe seguir aportando cada vez más para el futuro sustentable del país. Y para enfrentar de buena manera el debate constitucional que se avecina, es clave abandonar la actitud defensiva, para que el sector siga avanzando  entorno a los nuevos desafíos, al igual que lo que ocurre a nivel internacional  abriéndose de manera creativa a los cambios y a las nuevas demandas de la población, lo que garantiza reconocimiento, reputación, estabilidad y crecimiento.