Por Annie Dufey, economista y directora de Espacio Público.

El 2019 el Ministerio de Minería comenzó a elaborar la Política Minera 2050, la que mediante un proceso participativo de alcance nacional y local aspira a transformarse en el instrumento rector que oriente el desarrollo futuro de una minería sostenible para Chile. La decisión es bienvenida considerando la importancia de la minería para Chile, en términos de su aporte al PIB (12%), a las exportaciones (52%), ingresos fiscales (US$ 4.000 millones), desarrollo de encadenamientos productivos y tecnológicos, entre otros. Además, no se ve en el horizonte ningún otro sector productivo que le pudiese equiparar, al menos, como motor de crecimiento y su capacidad de transformación para la plena inserción en el siglo XXI.

La minería debe realizar grandes transformaciones para abordar los desafíos que hoy enfrenta, entre ellos, las bajas en la ley del mineral, mejorar su huella climática y ambiental haciéndose también cargo de sus pasivos ambientales, fortalecer el desarrollo de un clúster de base tecnológica, una mejor inserción en los territorios basada en alianzas de aprecio y beneficio mutuos y obtener así su licencia social.  Abordar colectivamente estos desafíos es también la mejor oportunidad que tiene el país para avanzar en su desarrollo de la mano de su minería.  Por ello se torna urgente avanzar desde el Estado en consensuar una visión compartida sobre cómo ir avanzando en cada uno de estos retos en forma integral.

De la experiencia nacional en procesos participativos exitosos en elaborar políticas de largo plazo, esto es que trascienden a los gobiernos de turno, como son Energía 2050 y la Política Nacional de Desarrollo Urbano, se desprenden lecciones y elementos clave para retroalimentar la formulación de la Política Minera 2050.

Primero, se debe entender que las políticas de Estado son procesos continuos, que se construyen reconociendo esfuerzos anteriores. Segundo, es fundamental para la legitimidad, apropiamiento y compromiso con los resultados, realizar procesos convocantes, con distintos niveles de participación y descentralizados, desde la formulación hasta validación de los resultados. Asimismo, el contar con un Consejo de carácter estratégico, reportando al más alto nivel, diverso en visiones, disciplinas, instituciones y sensibilidades políticas, que cuentan con “poder” y reglas de gobernanza claras para su toma de decisiones es también clave. Por lo mismo, el compromiso, legitimidad y liderazgo de la autoridad con el proceso y sus resultados es relevante. El contar con recursos adecuados, sean técnicos, financieros, de facilitación independiente y para la coordinación importa, así y como acompañar el proceso desde su inicio por una Evaluación Ambiental Estratégica. Finalmente, una institucionalidad para el seguimiento y monitoreo de la política y que permita su actualización es fundamental.

Todos estos elementos son necesarios, aunque no se tiene certeza si son suficientes, para que el proceso que hoy desarrolla el Ministerio de Minería, decante en la política minera con validación social, técnica y política que Chile necesita.